Transparencia, clave en operaciones mineras exitosas

Una estrecha relación entre las empresas mineras y las comunidades donde se ubican los proyectos es esencial para fortalecer la industria en el país, generar certidumbre entre los inversionistas y garantizar un desarrollo social a largo plazo. Para lograr este objetivo, es importante resaltar los beneficios que este sector ofrece para el resto de industrias en México, dijo Miguel Ángel Lucero Olivas, senador y presidente de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional del Senado de la República durante el webinar ‘Mining’s New Normal: Reactivating the Industry’, organizado por Francisco Quiroga, Subsecretario de Minería y Mexico Business News.

Uno de los primeros pasos para alcanzar esta meta es el acercamiento y diálogo con las comunidades indígenas. “Habitualmente no se les da un trato adecuado, se les minimiza y sus derechos humanos son violentados”, explicó Gustavo Alanís Ortega, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). “Los mineros quieren explorar y extraer los recursos del subsuelo, algo que es legal y legítimo. Sin embargo, las comunidades también quieren cuidar su territorio, cultura y tradiciones. Y cuando no se da un diálogo, surgen los problemas”, agregó.

De acuerdo con Alanís Ortega, muchas veces la información que circula sobre los proyectos no es clara o llega a destiempo a las comunidades, lo que provoca que se sientan engañados y sin un espacio de participación. “Los principios de derecho ambiental tienen que llevarse a la práctica para dar confianza a las comunidades. La gente está preocupada por su salud, los recursos ambientales del lugar donde viven, de que los cuerpos de agua se contaminen”, señaló. 

“La transparencia es un mecanismo que busca poner al alcance de todos los ciudadanos información que es importante para el país y para la toma de decisiones. Sin duda, hay muchos retos, pero una de las cosas que hemos aprendido es que la transparencia informativa da pie a que se creen mejores y más fuertes relaciones entre las comunidades y el sector privado”, dijo Francisco Paris, director para América Latina y El Caribe del EITI, un estándar global que pretende aumentar la transparencia acerca de pagos por empresas privadas de los sectores mineros y petrolero. 

En esa idea coincidió Carlos Toledo Manzur, director de la Alianza Estratégica para el Desarrollo Sustentable de la Región Pacífico Sur ADESUR-CONACYT, quien propuso que se abran espacios de participación para las comunidades en las actividades económicas de las empresas mineras. “Los integrantes de las comunidades pueden ser parte de la cadena de suministro de la mina. Las comunidades pueden ser abastecedoras, por ejemplo, de los alimentos de los empleados. Debe haber un compromiso con el desarrollo regional”. 

“Es necesario generar un mecanismo de certeza y seguridad jurídica para todas las partes implicadas a través de una legislación. Tenemos que atender las problemáticas con mecanismos claros que permitan una mejor comunicación y diálogo entre empresas y comunidades. Las reglas claras nos van a hacer bien a todos”, dijo Karina Rodríguez Matus, académica de la Escuela Libre de Derecho y socia de Rodríguez Matus & Feregrino Abogados.

Gabriel Baeza Espejel, director del Centro de Investigaciones Interculturales Jurídicas y Ambientales (CIIJA), consideró importante generar estrategias para saber cuál es la mejor manera de dialogar e informar sobre las actividades de los proyectos mineros para crear un plan de acción en el que el gobierno sea un aliado de las empresas mineras. 

“Es importante y esencial que en la nueva normalidad sigamos trabajando unidos. Cuando comenzó la crisis sanitaria, tuvimos que hacer una pausa y ahora que reanudamos nuestras operaciones es imprescindible que todos seamos conscientes de que hay mucho en juego. Hay que actuar con solidaridad y compromiso”, dijo Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua e invitado de honor del evento.